El abogado de las brujas



Con
este sugestivo título aborda Gustav Henningsen su
último trabajo sobre la brujería en España durante el siglo XVII. Es extensa la
relación de las obras de Henningsen sobre la brujería
y por la documentación y el rigor de sus publicaciones está considerado como el
máximo especialista en la materia.


La
figura central de este trabajo es el Inquisidor Alonso de Salazar Frias, denominado por sus enemigos "el abogado de las
brujas". Salazar trabajaba en el Tribunal Inquisitorial de Logroño del que
dependía tanto el País Vasco como Navarra. El
Inquisidor Juan de Valle Alvarado recorrió amplias zonas del País Vasco y de
Navarra y especialmente las localidades de Zurragarramurdi
y Urdax en 1609 recogiendo las pruebas de brujería.
El proceso inquisitorial se culminó en 1610 y el Auto de Fe se celebró en Logroño
del 7 de noviembre de 1610. Fueron condenados a la máxima pena seis personas, que se
mantuvieron firmes en su apostasía. Es decir no fueron condenadas a muerte por
brujería, puesto que ese delito no era contra la fe, objetivo del proceso
inquisitorial: el trato con el demonio no constituía una herejía sino un pecado
contra la virtud de la
religión. La mayoría de las sentencia acabaron en absolución
o en penas medicinales por sus actos, pero reconciliados.


Las
sentencias, como muestra Henningsen fueron
contradichas, por considerarlas excesivas, por Salazar: "Queda pues demostrado
que con anterioridad a la caída del telón de las escenas de horror de Zugarramurdi, Salazar ya había puesto en entredicho la
validez de las pruebas aportadas en el transcurso del proceso" (p.240). En esta
materia no estaba sólo el Inquisidor, pues el obispo de Pamplona "adoptó desde
muy pronto una posición crítica ante el avance de aquel proceso, que según su
opinión se basaba, en su mayor parte, en embustes e ilusiones. Cuando el
tribunal celebró su auto de fe, el obispo demostró su disconformidad no
asistiendo al mismo, pese a las reiteradas invitaciones del tribunal" (p.259).
Asimismo recoge Henningsen las opiniones del
humanista Pedro de Valencia, consultado por el Tribunal, que se opuso tanto al
proceso como a las Sentencias y reclamó al Tribunal inquisitorial la vuelta a
la praxis habitual de no perseguir estos pecados de brujería sino dejarlos a la
cura pastoral de los sacerdotes y de sus obispos (pp.289-290).


Después
de los nefastos sucesos de 1610 y del Auto de Fe de Logroño, Salazar se adentró
de nuevo en la zona y realizó en una larga visita a los territorios de la
demarcación del Tribunal de Logroño, realizando una completa investigación con
más de mil casos de supuesta brujería, cuyo resultado fueron más de 11.000
folios que remitió al Consejo de la Suprema con varios informes.


En
1614 fue llamado a trabajar a Madrid para expurgar y fundamentar mejor lo que
se contenía en esa abrumadora documentación. El resultado, como había
demostrado Salazar, fue la vuelta a la normalidad inquisitorial en esta
materia: su inhibición a favor de la cura pastoral ordinaria. Si en Europa en
esos años se quemaron más de cincuenta mil brujos sin dejar pruebas
documentales, fue por la ingenuidad de los tribunales y la histeria colectiva
que hizo presa en la población. En
España, los mecanismos inquisitoriales y la acción de Salazar
fueron definitivas para evitar ambas cosas y colocar el problema en su sitio:
la falta de formación en las zonas rurales y la excesiva imaginación de un
pueblo que reaccionaba supersticiosamente ante la muerte, las epidemias, etc.


 


José Carlos Martín de la Hoz


 


Gustav HENNINGSEN, El abogado de las brujas. Brujería vasca e
Inquisición española,
ed. Alianza editorial, Madrid 2010, 535 pp.