La financiación de la Iglesia y de las ONG's

27 Nov, 2006por JOL

Los

representantes de la Iglesia y del Gobierno han llegado a un acuerdo para la

financiación de la Iglesia, más en consonancia con los Acuerdos del Estado

español y la Santa Sede. El porcentaje de la asignación tributaria se establece

en el 0,7 por ciento de aquellos contribuyentes que lo señalen anualmente en su

declaración de la renta. La Iglesia renuncia así con mucho gusto al complemento

presupuestario, con una vieja historia desde los gobiernos socialistas de

González, que suponía sólo una pequeña cantidad de sus ingresos pero era un

arma para quienes practican el deporte de atacarla con ocasión y sin ella. Aún

así parece que algunos no están contentos con esta solución.
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Otra cosa bien

distinta son las ONG que llevan a cabo una labor social, como Cruz Roja y

Caritas, que también se beneficiarán de una subida igual a la de la Iglesia, si

se materializan las declaraciones del ministro López Aguilar, con las que no

todas las ONG están de acuerdo en este momento. En cualquier caso, rellenar las

dos casillas, la de la Iglesia y la de otros fines de interés social (las ONG),

no perjudicará a la Iglesia, porque la asignación no se divide sino que se

destina por separado, como han recordado las autoridades eclesiásticas por el

bien de las ONG. Se entiende por ello la moderada satisfacción de los

representantes de la Iglesia porque se encauza la autofinanciación, que evita

malentendidos y supone más libertad, pero sobre todo es una llamada permanente

a la responsabilidad de los fieles para sostener a la Iglesia de la que reciben

la atención pastoral y la asistencia social que necesitan ellos y otras muchas

personas. A modo de resumen, bastará recordar que la Iglesia católica en España

sostiene: 107 hospitales, que atienden anualmente a unos 400.000 enfermos; 128

ambulatorios; 876 casas para ancianos y minusválidos; 937 orfanatos y centros

para la tutela de la infancia; 365 centros especiales de educación o

reeducación social; 11.300 drogodependientes atendidos en un solo año,

invirtiendo en su rehabilitación unos 11 millones de euros; atiende también a

114.000 inmigrantes y gitanos; y para no cansar recordemos también que diversas

instituciones católicas dirigen 5.197 colegios y centros educativos en los que

se educan 1.300.000 niños y jóvenes.

Finalmente,

con la misma lógica habría que plantear ahora que otros colectivos de interés

social, como el deporte, el cine o el arte, y también los partidos políticos,

se financien con el 0,7 por ciento de los contribuyentes que así lo señalen en

su declaración. Añadiendo a esto las contribuciones de sus afiliados y amigos,

al menos con la misma transparencia que se pide a la Conferencia Episcopal, que

presentará la Memoria anual con el destino de las cantidades recibidas como

asignación tributaria. La razón es bien sencilla: si los partidos son

necesarios para la democracia, también lo es la Iglesia en su labor humanitaria

y social. No sería justo que quienes hacen las leyes se beneficien de ellas

mientras ponen trabas a otras instituciones, al menos, tan respetables como ellos,

tal como señalan repetidamente las encuestas, cuando muestran que los partidos

políticos son poco valorados por los ciudadanos, que los consideran

instrumentos de poder sin transparencia y afectados por la corrupción. La ley

del embudo nunca será democrática.