El álgebra de la justicia infinita

En 1947, el Primer Ministro de la India, Javalal Nerhu, aprobó un plan para la construcción de más de tres mil presas de distintos tamaños en la cuenca del río Narmada. Las prioridades de la India en aquellos momentos eran la producción de alimentos y de energía eléctrica. También se buscaba la regulación del caudal de los ríos en la estación de los monzones. Entonces no se tuvo en cuenta el impacto medioambiental ni las necesidades de la población que habría que desplazar. Cincuenta años más tarde este Plan es una "patata caliente" que los gobiernos indios no se atreven a abandonar por las inmensas cantidades de dinero invertidas en él. Cuando en 1990 se completó la presa de Bargi, en el curso alto del río, los ingenieros contemplaron como las aguas cubrían una superficie tres veces mayor de la calculada y quedaban anegados ciento sesenta y dos pueblos en vez de los ciento uno previstos; entre ellos algunos de los construidos por el Gobierno para realojar a los desplazados. De los bosques, pronto inundados, emergían antiguas etnias que vivían allí (recuérdese "El libro de la Selva" de Kipling) y con las que nadie había contado. Durante mucho tiempo la política del agua en el Tercer Mundo había consistido en perforar pozos en las aldeas para el consumo humano. La nueva política de grandes presas prescindía de los asentamientos humanos y se dirigía a los agricultores que habrían de pagar el agua y la energía a las empresas distribuidoras. En el año 2000 la India ya era excedentaria en productos agrícolas, por lo que la nueva política del agua no hizo más que encarecerlos sin incrementar la producción. Por su parte las empresas de distribución del agua tenían la alternativa de derivarla hacia las grandes ciudades y zonas industriales donde la demanda está garantizada y el precio del agua es mayor. Al fin y al cabo ellos también tienen que amortizar sus inversiones y obtener beneficios. Hoy los Organismos Internacionales defienden la política de fijar a la población rural en el territorio para evitar desplazamientos y la aparición de megalópolis. Esto parece ir en contra de la política de construcción de grandes presas y de la inundación de tierras de cultivo. La autora también critica que la política de grandes presas haya dado entrada en el país a los prestamistas internacionales y a las multinacionales de las obras públicas, capaces, como se ha visto, de condicionar la política de los Gobiernos y de corromper a políticos y funcionarios. Cita el caso de un préstamo concedido por Gran Bretaña a Malasia para la construcción de una presa, que iba vinculado a una gran operación de venta de armas. Nada altruista, como puede verse.